Cuando hablamos de obra pública hablamos de la mayor aventura económica potencial en tiempos de crisis, crisis que desinfla la iniciativa privada. Al olor de la "obra pública" revolotean los buitres. Murcia tiene un largo pedigrí de pifias con esto de la inversión pública; aeropuerto, tranvía, desalinizadoras y ahora el AVE. Los vecinos quieren algo, pero hete aquí que el dinero en infraestructuras para Murcia hace tiempo que ya se lo han jalado...
Estupendo artículo de Daniel Montero publicado en "El Español" de esto hace ya más de un año, y del que los medios de clase o el miedo en los medios no quiere reproducir...
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Robaron 17,6 millones del AVE fingiendo que recolectores de alcachofas eran topógrafos
Guardia Civil y Aduanas investigan a 50 personas por desviar fondos de Adif con una red de empresas fantasma.
“En noviembre se va a hacer la famosa matanza beteteña. Te ruego que me digas cuanto antes si vais o no a venir”. El mensaje parecía inocente, pero era -a juicio de los investigadores- la pieza que faltaba para cerrar el puzzle, para acreditar la existencia de una trama capaz de saquear 17,6 millones de euros públicos del AVE a Murcia y desviarlos a cuentas personales, tanto de empresarios como de funcionarios de ADIF, la empresa pública encargada del trazado. Una red investigada por la Guardia Civil y los agentes de Aduanas desde hace dos años y que movió los fondos por medio de empresas fantasma con testaferros enfermos, que utilizó a recolectores de alcachofas como falsos topógrafos, presentó imágenes falsas para acreditar sus trabajos y desveló la existencia de más de dos millones de euros escondidos en Suiza por el máximo responsable de revisar las obras para el Estado, el ingeniero José Luis Martínez Pombo, ex jefe de infraestructuras de la empresa pública para esa línea.
La investigación, conocida como Operación César y que se mantuvo secreta hasta la pasada semana, abunda de nuevo en la presunta corrupción de la sociedad pública ADIF, investigada ya por pagos indebidos en el trazado del AVE a Barcelona, donde la Fiscalía estima el agujero en 82 millones de euros tras detener a 13 personas. En este caso, la investigación se centra en cuatro puntos concretos de la línea de alta velocidad entre Crevillente (Alicante) y Murcia. Allí, el trazado del AVE cruza un laberinto de canales de riego que debían ser recolocados tras las obras. Esa fue la excusa que los investigados utilizaron para desviar –según las estimaciones judiciales– 17,6 millones de euros abonados por ADIF.
“Hasta el día del juicio no van a llegar ahí los trenes”
La investigación de la Operación César arrancó en octubre de 2014, cuando los funcionarios de Hacienda se percataron de que las cuatro grandes concesionarias de estos tramos (Acciona, Sacyr, Dragados y Constructora San José) habían subcontratado a la misma empresa para realizar los trabajos de canalización de agua. La sociedad, llamada Construcciones Marimar, contaba solo con nueve trabajadores, ninguna experiencia en el sector ferroviario y había conseguido facturar 23 millones de euros en 2012.
Al tirar del hilo, los agentes encontraron a seis supuestos proveedores. Seis empresas fantasma que recibían esos fondos. Parte de ellas eran sencillamente ilocalizables, otras nada tenían que ver con el sector, pero sí con los miembros del Juzgado Privativo del Agua de Orihuela, el organismo encargado de la gestión hídrica en la zona. Y las terceras estaban controladas por un empresario local apodado El Perrita, dueño de un local de striptease y que había colocado como testaferro tanto a su hija estudiante como a su primo enfermo.
Según el sumario del caso -adelantado por La Verdad de Murcia-, ninguna de estas empresas ha sido capaz de entregar a Hacienda un solo documento que acredite sus trabajos para Adif. Trabajos que la empresa pública aprobó y aceptó abonar al detalle. Para justificar las facturas, los responsables de Construcciones Marimar inflaron los gastos de combustible mientras pagaban 5.839 euros en jamones de Jabugo y ante Hacienda, presentaron varias fotografías de sus trabajos en la línea del AVE. Los agentes confirmaron que las imágenes pertenecían en realidad a un canal de agua construido en Guardamar, a 40 kilómetros de la vía de alta velocidad más cercana.
Además, dos de los trabajadores de una supuesta empresa de topografía (Servicios topográficos de Levante, relacionada con el ex juez de aguas de Orihuela Jesús Abadía, reconocen que, lejos de ser técnicos cualificados, se limitaban a realizar trabajos agrícolas como "la recolección de la alcachofa".
Por parte de Adif, las investigaciones se centraron en un primer momento en cinco directivos: desde el presidente hasta el jefe técnico del trazado en Levante. El 14 de julio de 2015, los agentes de la Guardia Civil se presentaron en la sede central de la empresa pública e interrogaron a varios de sus ejecutivos en unas diligencias que permanecían secretas. Poco después, solicitaron a la jueza permiso para pinchar el teléfono de José Luis Martínez Pombo, jefe de infraestructuras del trazado investigado.
Además, el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia aceptó intervenir las conversaciones de varios empresarios: Juan Ortín, responsable de la firma Construcciones Marimar, José Manuel Fernández Pujante, ingeniero del Juzgado de Agua de Orihuela, y José Francisco Noguera Jimenez, El Perrita, principal contratista fantasmas de la trama.
2 millones de euros en Suiza
El 15 de julio de 2015, el teléfono del ingeniero de Adif recibió la llamada de su hijo. Fue entonces cuando los agentes detectaron que el máximo responsable de la obra, el hombre que había autorizado el pago a la trama desde las cuentas públicas, guardaba documentación y dinero en Suiza. “Es urgente el documento del fideicomiso”. “Pues eso lo tenemos en Ginebra…” se decían padre e hijo, además de citar dos sociedades: una española llamada Bernalake, administrada por dos hijos del ex alto cargo de Adif, y Transimmo (Holding), una sociedad financiera abierta en el cantón de Ginebra. Además, los agentes de Hacienda confirmaron que Martinez Pombo se acogió a la amnistía fiscal para aflorar 2,1 millones de euros "de origen desconocido".
Por otro lado, miembros de la Guardia Civil y la Unidad de Vigilancia Aduanera de Murcia comenzaron a llamar a los empresarios y sus empleados para preguntarles sobre el caso. En sus conversaciones, los investigados reflejan una preocupación manifiesta: “Hay un follón de huevos”, alertaba Juan Ortín el 20 de julio sobre las citaciones de la “Pulicía judicial (sic)”. Su nerviosismo les lleva incluso a intentar identificar la procedencia de los investigadores por su acento (“Uno habla con las eses”) o por el desconocimiento que tienen de las dependencias de la Guardia Civil en Murcia (“Son de fuera… han preguntado dónde está el baño).
Los investigados intentan incluso hablar con sus contactos en el cuerpo para conocer la gravedad de las pesquisas. Pero es inútil. Así hablaba Ortín con uno de sus empleados en todo desafiante:
-. A mi me ha dao la sensación de que no están perdíos del to (sic), pero están buscando todavía el punto. No se cómo explicártelo.
-. El punto G
-. Efectivamente
-. Haber dicho que nosotros lo tenemos en el culo.
-. Yo le he dicho en el ojete. […] están buscando la conexión, lo tienen todo.
- Escúchame, lo que están buscando es imbuscable, porque no hay.
Nombre en clave: Paraguas
El 9 de septiembre de 2015, el ingeniero de Adif Martínez Pombo llama a su gestor en Suiza. “Paraguas- José Luis”, le dice en los primeros compases de la conversación para ser identificado. Desde el primer momento, los agentes identifican esa palabra como una contraseña, un código con el que los financieros del cantón helvético identifican a sus clientes para atenderles de forma segura por teléfono. La fórmula se repite en varias de sus llamadas, en las que el ingeniero paraguas anuncia un viaje a Suiza para recoger documentos de una caja de seguridad.
Gracias a las escuchas, los investigadores confirmaron que Martínez Pombo tenía un billete abierto a Ginebra el 11 de septiembre de 2015. Esa tarde, los agentes de Aduanas montaron una trampa: un supuesto control rutinario en el aeropuerto para poder registrar el equipaje a su regreso sin levantar sospechas. En el cacheo, los funcionarios localizaron un sobre de la firma Figestor SA, con sede en Ginebra y que por medio de empresas interpuestas, tiene el 74% de la sociedad administrada en España por los hijos del ingeniero. Ahora, el juzgado encargado del caso ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para buscar más fondos.
Sobres con 150.000 euros
Así, en octubre de 2015 la Guardia Civil y los funcionarios de Aduanas tenían confirmada por un lado una presunta trama para desviar el dinero de ADIF, y por otro, al ingeniero que aprobó los pagos manejando fondos en paraísos fiscales. Por eso fue importante el mensaje del 14 de noviembre de ese año. Aquel en el que Martínez Pombo invitaba a sus amigos a una matanza en un pueblo de Cuenta.
Una cita que quince días después tuvo sentido en las palabras de Ángel Custodio Linares, trabajador de la constructora investigada: “Algunos viernes, el declarante acompañaba a su jefe, Juan Ortín (dueño de la subcontrata), al Banco de Valencia de Santomera, donde salía con sobres abultados. Que de Santomera se dirigían a Murcia, donde aparcaban en las inmediaciones de El Corte Inglés de Avenida Libertad. Que Juan abandonaba el vehículo para ver a Antonio José Fernández Pujante [hermano del ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela]. Y a los pocos minutos regresaba tras entregar el bulto que llevaba".
"Uno de los días -prosigue el interrogado-, antes de entregar el dinero a Fernández Pujante, su jefe le enseñó en el coche el montón de dinero que portaba y le dijo que con eso podría pagar lo que le quedaba de la hipoteca. Eran 150.000 euros. […] Durante esos viajes, el declarante escuchó una conversación telefónica entre Juan Ortín y José Manuel Fernández Pujante [ingeniero y presunto enlace] donde éste último le decía textualmente: Dónde estás. Date prisa que mi hermano te está esperando, que tengo que salir para Cuenca. El propio Juan le dijo que José Luis Pombo [directivo de Adif] y Fernández Pujante tenían un punto de reunión en Cuenca. En otra ocasión, fue el propio Fernández Pujante quien le dijo que había estado en casas de José Luis Pombo en Cuenca, donde habían hecho una matanza”.
La relación entre el directivo de Adif y la trama de facturas falsas se afinó todavía más con la declaración de Juan Ortín, responsable de la principal empresa pantalla, que reconocía ante los agentes el engaño: “Una vez que tiene las facturas, se emitían pagarés para simular los pagos a las empresas ficticias, pagarés que eran cobrados por el declarante en el Banco de Valencia de Santomera, una vez que los responsables formales de las empresas sellaban y firmaban en el dorso de dichos pagarés. Normalmente estas operaciones se hacían los jueves o viernes y una vez que el declarante tenía en su poder el dinero en efectivo, estos pagos simulados, concertaba una cita previamente pactada con Antonio José Fernandez Pujante”.
Según su versión, el objetivo de esos encuentros era en entregar “todo el dinero cobrado a Jose Antonio, que ejercía las funciones de contable […] Parte del dinero fue entregado posteriormente a responsables de Adif en Madrid y en Barcelona y cree que de Sacyr. Que en una ocasión estuvo en en el Juzgado de Aguas de Orihuela una conversación entre José Manuel Fernández Pujante y otras personas donde oyó nombrar a José Luis Pombo como uno de los receptores de parte de esos fondos desviados y la inoportunidad de que se hubiera acogido a la amnistía fiscal en los tiempos que corren”.
Medio centenar de investigados
Tras siete meses de pesquisas discretas, el 11 de noviembre de 2015 los agentes de la Guardia Civil y de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Murcia lanzaron la Operación César para cobrarse las primeras detenciones. Fueron cinco las personas arrestadas, en un operativo que se centró en las empresas fantasmas y su vinculación con el Juzgado de Aguas de Orihuela. Cayó entonces el ex juez Jesús Abadía (acusado de llevarse presuntamente más de un millón de euros), el ex secretario Anibal Bueno (señalado por cobrar presuntamente 700.000 euros) y el ingeniero José Manuel Fernández Pujante, al que acusan de llevarse cerca de siete millones de euros. Los agentes arrestaron también al empresario Juan Ortín y a su colaborador, El Perrita.
En una medida mucho más discreta, la jueza Lydia Polo ordenó también el ingreso en prisión del ingeniero de Adif, que quedó luego el libertad el pasado mes de mayo. Ahora, los investigadores rastrean el posible desvío de al menos dos millones de euros de su mano a cuentas en Luxermburgo, Austria e Irlanda, en una investigación que permanece abierta.
