Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 10 de marzo de 2015.
Este artículo explica por qué el
tratado de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea aparece en
estos años de gran recesión, señalando que detrás de una narrativa que
parece lógica y razonable, existe un intento de diluir el poder de los
Estados a costa de las grandes empresas transnacionales, que
desmantelarán las medidas de protección social, protección ambiental y
del consumidor que han caracterizado a la Unión Europea.
Hoy, como consecuencia de las políticas
de austeridad promovidas durante todos estos años de la Gran Recesión
por parte de las instituciones europeas -el Consejo Europeo, la Comisión
Europea y el Banco Central Europeo- (influenciadas todas ellas por el
gobierno de la canciller Merkel en Alemania, así como por el Fondo
Monetario Internacional), la Eurozona está en una situación más que
preocupante. Está en medio de una deflación (consecuencia también de las
políticas de austeridad), habiendo alcanzado un desempleo del 12%,
cifra muy elevada para la mayoría de países de la UE-15 (el grupo de
países más ricos de la UE).
Frente a esta situación de recesión hay
dos posibles soluciones. Una sería revertir las políticas de austeridad,
iniciando unas políticas de estímulo económico y crecimiento de la
demanda doméstica (mediante el incremento de los salarios y del gasto
público). Esta alternativa, que sería la más lógica y razonable (y que
beneficiaría más al bienestar de las clases populares), cuenta con la
clara y contundente oposición el gobierno alemán, presidido por la
canciller Merkel. En realidad, desde que se iniciaron las políticas de
austeridad con la aplicación de la famosa Agenda 2010, diseñada y
aprobada por el gobierno del canciller alemán Schröder (que para más
inri era dirigente de un gobierno socialdemócrata), las políticas
encaminadas a estimular la demanda doméstica fueron claramente
marginadas en la UE. Un caso claro de marginación fue lo que le ocurrió
al que era Ministro de Finanzas del gobierno Schröder, el economista
Oskar Lafontaine, que favorecía el aumento de los salarios y del gasto
público como manera de estimular la demanda doméstica y así salir de la
crisis. Lafontaine tuvo que abandonar el gobierno primero, y el partido
después, creando un nuevo partido, Die Link.
Esta alternativa fue, pues, desechada, y
en su lugar se promovió estimular la economía a través de las
exportaciones. Este ha sido el pensamiento dominante en el establishment
financiero a los dos lados del Atlántico Norte, y debido a su
desmesurada influencia, en las instituciones políticas. Según este
pensamiento, el aumento de las exportaciones será lo que recuperará la
economía. Y es así como aparece el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y
la UE. El aumento del comercio era y continúa siendo la propuesta
neoliberal para salir de la crisis. Y de ahí surge el énfasis en la
necesidad de aumentar la competitividad, lo cual, para el establishment
europeo, quiere decir, en lenguaje plano, bajar los salarios, diluir la
protección social y eliminar las intervenciones públicas que se han
desarrollado para proteger a la ciudadanía, bien como trabajadores, como
consumidores o como residentes expuestos a sustancias nocivas en sus
barrios y hogares. Este es el objetivo del Tratado de Libre Comercio,
tratado que, de hecho, tiene muy poco que ver con el libre comercio. En
realidad, los aranceles y otros factores que pueden dificultar la
movilidad del comercio entre los países a los dos lados del Atlántico
Norte, prácticamente han desaparecido y son ya inexistentes.
¿Cuál es el objetivo y propósito de tal Tratado?
No es, pues, el libre comercio lo que
motiva el establecimiento de los tratados que llevan tal nombre. Su
propósito es debilitar al mundo del trabajo (bajada de salarios) y
eliminar la protección que la ciudadanía ha venido adquiriendo
históricamente, a base de sus movilizaciones y presiones sobre el
Estado. El objetivo de estos tratados –como ha ocurrido con el tratado
entre Canadá, EEUU y México, el NAFTA- ha sido desmantelar estas
regulaciones e intervenciones –en las áreas de protección del
trabajador, consumidor y/o residente-, algo que el mundo empresarial ha
intentado, sin poder conseguirlo, dentro de cada país.
La nueva estrategia es establecer un
nivel de autoridad por encima de los Estados que pueda imponerles el
deseo de las grandes empresas transnacionales. Y ahí está la raíz del
problema. Todos estos tratados tienen como máxima autoridad a un
tribunal supranacional que tiene potestad sobre los Estados (tribunal
que, por cierto, está bajo la influencia de las grandes empresas
transnacionales que tienen mayor influencia sobre los Estados de mayor
peso económico mundial), forzándolos a debilitar o eliminar aquellas
medidas y leyes protectoras de la ciudadanía. De esta manera, una
empresa privada puede llevar a un Estado al tribunal supranacional bajo
el argumento de que aquella regulación o ley le discrimina y dificulta
el desarrollo de su actividad económica.
Pero existe otra razón para oponerse a
tales tratados además del desmantelamiento de la legislación laboral,
ambiental y de defensa del consumidor. Y es que el debilitamiento del
mundo del trabajo que se deriva de las medidas previstas en estos
tratados conlleva la disminución de los salarios y del gasto público
social, con lo cual la demanda doméstica baja todavía más, causando así
el enlentecimiento del crecimiento económico (que puede incluso suponer
un descenso anual del crecimiento del PIB de hasta 2 puntos). Y es ahí
donde la supuesta solución neoliberal se convierte también en auténtico
problema económico. Y esto apenas lo verá en los medios.
Una última observación. El discurso
oficial de los promotores de tal tratado es la necesidad de incrementar
la relación comercial entre los dos lados del Atlántico Norte,
aumentando así la relación entre los dos continentes. No debería, en sí,
ser un proyecto contraproducente para el bienestar de las poblaciones a
los dos lados del Atlántico. En principio, parecería, pues, un tratado
conveniente, e incluso necesario, ya que podría estimular la actividad
económica a los dos lados del Atlántico. Ahora bien, este no es el
propósito de tales tratados por mucho que sus promotores lo presenten de
esta manera. Como he indicado, no hay en este momento ninguna
dificultad para que se realice tal intercambio. Los aranceles, como he
indicado antes, ya casi no existen. Tales tratados tienen poco de libre y
de comercio. El tratado tiene como objetivo incrementar le poder de las
grandes empresas transnacionales a costa de las pequeñas empresas y,
sobre todo, a costa de los estándares y normas establecidas para
proteger la salud, calidad de vida y bienestar de las poblaciones. Así
ha ocurrido en gran parte de los tratados que han tenido el mismo
título, y así ocurrirá con tal tratado si este se aprobara.
